En este post quiero compartir una reflexión breve a propósito de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que absuelve a una médico del sistema sanitario público -por lo tanto, con la condición de personal estatutario de los servicios de salud, asimilado a la de funcionario de carrera- del delito de falsedad en documento público pese a haber quedado acreditado que accedió al historial médico de un paciente para incluir falsamente que había sido vacunado contra la COVID-19, para así facilitarle un viaje a Estados Unidos en el momento en que el certificado de vacunación era exigible.

El tribunal razona que el certificado de vacunación no lo expide el facultativo, sino la Administración sanitaria y, por lo tanto, que no hay delito de falsedad documental en el propio certificado. Con esta afirmación no puedo más que concordar, pues ciertamente no es el médico el que expide el certificado, por mucho que su actuación dé lugar a que pueda por el paciente obtenerse una certificación cuyo contenido no es acorde a la realidad.

Ahora bien, me resulta más dudosa la conclusión que alcanza la Audiencia Provincial de Valencia en este caso, al considerar que tampoco hay delito de falsedad en documento público en la alteración de la propia historia clínica del paciente.

Lo razona de un modo cuando menos sorprendente: el tribunal afirma que la vacunación es una competencia de los profesionales de la enfermería y no de la medicina y, por lo tanto, cuando un médico introduce falsamente el dato de que el paciente se ha vacunado no está actuando como médico -pues no le corresponde a ese profesional el haber vacunado o no al paciente-. Por lo tanto, al no estar actuando como médico -funcionario- nos encontraríamos ante un comportamiento impune, pues se trataría de una mera falsedad ideológica de particular en documento público.

Se abre, pues, una vía a la interpretación extraordinariamente restrictiva de la intervención del funcionario en tanto que tal, que puede ser interesante explorar para los abogados de la defensa en casos de delito de falsedad documental, pero que desde un punto de vista teórico parece escasamente sólido.